El CESO en los medios

Por Andrés Asiain
Un reciente informe del Idesa se titula “1 de cada 6 madres tiene menos de 20 años de edad”. Según ese reporte el porcentaje de nacimientos de madres menores de 20 años sobre el total pasó del 14,1 por ciento en 2001 al 15,6 por ciento en 2013. De ahí concluyen que “en lugar de exagerar posturas políticamente correctas en favor de los programas asistenciales, en especial la Asignación Universal por Hijo, deberían ser motivos de reflexión sus deficiencias de diseño y gestión”. El mencionado informe reproduce con aparente solidez técnica, las mismas apreciaciones que años atrás realizara el humorista del PRO y candidato a gobernador de Santa Fe Miguel del Sel: “Quizá todos aplaudimos o estamos de acuerdo con este subsidio que se otorga a partir de los tres meses de embarazo. Pero el mes pasado estuve en Villa Ocampo, en el hospital, y el director me dijo que se triplicaron los embarazos de pibitas de doce y trece años. Lo que se anuncia como una buena medida, se ve que nadie estudia las consecuencias”. Vale aclarar que el director del hospital de Villa Ocampo negó posteriormente haber realizado esas afirmaciones.
La campaña en contra de la asignación universal ya había sido iniciada por uno de los actuales aspirantes a presidentes de la alianza UCR-PRO, el mendocino Ernesto Sanz, cuando afirmó que “en el conurbano bonaerense la Asignación Universal por Hijo, que es buena, en términos teóricos (...) se está yendo por la canaleta de dos cuestiones (...), el juego y la droga. Usted advierte del 2 al 10 (cuando ingresan en esos bolsones la plata de la asignación universal) cómo aumenta la recaudación de los bingos y de los casinos y cómo se nutre el circuito ilegal de la droga a través de la plata que recaudan los famosos dealers de la droga”. [...]
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Por Andrés Asiain
Las quejas empresariales contra los elevados salarios forman parte del folklore de las negociaciones paritarias de los últimos años. Sin embargo, algunos intelectuales ya anticiparon el reclamo patronal de pagar bajos salarios a sus empleados y lo convirtieron en una filosofía de la historia. Es el caso de Pablo Gerchunoff y Lucas Llach que, en su libro Entre el crecimiento y la equidad de 2004, presentaron a “la búsqueda de cierta equidad en la distribución” como la causa del bajo crecimiento, la inflación y el endeudamiento que caracterizó a la economía argentina desde el fin del “granero del mundo” hasta los comienzos del siglo XXI.
Según esa visión ortodoxa, el proteccionismo industrial impulsado por el peronismo para generar empleo y mejorar los salarios, nos apartó de nuestras ventajas competitivas agrícolas condenándonos a un bajo crecimiento. Los elevados salarios más el impulso al empleo estatal, generaron déficit público e inflación. Finalmente, atribuyeron el endeudamiento externo de la última dictadura militar y el menemismo a “otra manifestación de la prioridad otorgada al objetivo de la equidad, ya que dio lugar para un nivel de empleo y salarios estatales mayor al que podría haberse obtenido sin él”. [...]
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Por Andrés Asiain
El fin de semana pasado, el diario La Nación publicó el siguiente titular: “Por el déficit, el BCRA transferirá al Gobierno 78.000 millones”. La nota detalla que “la entidad aprobó en su reunión de directorio transferirle al Tesoro prácticamente el total de las ganancias contables” obtenidas por el Banco Central, gracias a la valorización de sus reservas tras la devaluación de comienzos de 2014. Esas ganancias son calificadas como “ficticias”, señalándose que si se le descuentan los “activos en moneda extranjera algunos que son deuda del gobierno central”, el BCRA “tiene patrimonio neto negativo y, por ende, no debería distribuir utilidades”.
Es paradójico que quienes suelen analizar los balances del Central como si fuese un banco comercial, califiquen como “ficticias” las ganancias patrimoniales que le generó la suba del dólar. Esa fue la fuente principal de ganancias contables y suba de las acciones de los bancos comerciales, que se habían abarrotado de activos en dólares meses antes de la devaluación. Si no se cambia la vara y se considera al BCRA con un sentido de contabilidad comercial, la transferencia de esas utilidades al Gobierno es un acto legítimo por parte de una entidad que no necesita reinvertirlas. Quienes se oponen a que las utilidades del superavitario BCRA engorden los ingresos del Estado, deberían oponerse también a que los subsidios otorgados por el Estado a empresas públicas deficitarias se contabilicen por el lado de los gastos. [...]
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