Margen financiero de la provincia. Los recursos provinciales aumentaron un 54% en términos reales en el último bienio, superando al crecimiento del gasto (+49%) en el mismo período, lo que permitió un superávit primario acumulado de $181.970 millones.
Se retoma la solidez en las cuentas públicas vivenciada en 2020, 2021 y 2022 pero interrumpida en 2023 por la crisis de la actividad económica, la sequía y la fuerte disminución de las transferencias nacionales.
Fuerte caída del salario real en todos los sectores: pérdida promedio del 21% (mayor al promedio nacional), con caídas del -34% en docentes, -19% en salud, -17% en administrativos y -15% en fuerzas de seguridad.
Recaudación propia en expansión: Los ingresos tributarios propios crecieron un 54% real, impulsados por subas exponenciales en el Impuesto Inmobiliario (+140%) y Patentes (+107%). La solidez de estos recursos corrientes invalida el argumento oficial de la «incertidumbre post-sequía» para postergar la recomposición de haberes.
Santa Fe como ancla salarial: La provincia registra una caída del salario real del 21%, superando el promedio nacional (18%), con caídas del -34% en docentes, -19% en salud, -17% en administrativos y -15% en fuerzas de seguridad. Santa Fe se posiciona como un ejecutor de la política de «ancla salarial», priorizando el superávit y la obra pública sobre el sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores que garantizan los servicios básicos.
Prioridades desiguales en el gasto: El gasto en personal no es equitativo. Mientras que el presupuesto para la Dirección Superior Ejecutiva (cúpula política) creció un 95% real, el destinado a Servicios Sociales (salud y educación) solo aumentó un 38%, evidenciando un sesgo claro en la asignación de recursos públicos.
Estado Mínimo y blindaje financiero: El incremento del endeudamiento (15 veces mayor) convive con una caja excedente récord. Esta estrategia de blindaje financiero se sostiene mediante una transferencia directa de ingresos desde los trabajadores hacia la liquidez del Estado, priorizando la solvencia fiscal sobre la calidad de los servicios básicos.
