A principios de diciembre, en Córdoba, se generó lo que los medios de comunicación decidieron llamar “protesta policial” cuya fuerza y estallido generó un efecto contagio en varias provincias a lo largo y ancho del país que mantuvo en alerta a gran parte del arco político y a la sociedad entera. Si bien este artículo no pretende analizar el trasfondo de lo sucedido en aquellas jornadas sí es importante reseñar mínimamente los supuestos organizacionales sobre los que se erige la estructura de funcionamiento de la mayoría de las fuerzas de seguridad existentes en el país. Estos supuestos funcionarían en este caso como datos que nos permitirían analizar en términos exploratorios los acontecimientos recién mencionados.

En Argentina, al igual que en muchos países de la región, el sistema de seguridad pública (y las distintas policías como parte de éste) se constituyó sobre la base de un conjunto de parámetros compartidos. Siguiendo a Marcelo Sain podemos decir que la matriz que regula y en algunos casos reguló la estructura de funcionamiento de la seguridad pública se basó fundamentalmente en el desgobierno político, es decir, que las autoridades gubernamentales delegaron a las agencias policiales la administración, la gestión y el funcionamiento de la seguridad. Las propias agencias policiales se constituyeron a partir “de criterios, orientaciones e instrucciones autónomas y corporativamente definidas sin intervención de otras agencias estatales no-policiales”.

El desgobierno político, es sinónimo para Sain de un autogobierno policial signado por la falta de direccionalidad y administración por parte de las distintas administraciones estatales sobre las agencias fuerzas de seguridad. Esto redundó en una suerte de autonomización policial en donde estas últimas fueron definiendo sus funciones, misiones y fines institucionales sin casi ningún tipo de control por parte de las instituciones democráticas. podemos decir que la matriz que regula y en algunos casos reguló la estructura de funcionamiento de la seguridad pública se basó fundamentalmente en el desgobierno político, es decir, que las autoridades gubernamentales delegaron a las agencias policiales la administración, la gestión y el funcionamiento de la seguridad. Las propias agencias policiales se constituyeron a partir “de criterios, orientaciones e instrucciones autónomas y corporativamente definidas sin intervención de otras agencias estatales no-policiales”.