Síntesis

En la ciudad de Rosario 50.000 hogares tienen necesidades de una nueva vivienda, sea por habitar edificaciones en malas condiciones o por hacinamiento. En contraste con este déficit, el 13% de las viviendas rosarinas, unas 79.978 se encuentran vacías.

La utilización de la vivienda como un bien de ahorro junto con el desinterés de los propietarios por vender o alquilar las viviendas evita un aumento de la oferta que permita bajar su precio.

Para contrastar el mal funcionamiento del mercado inmobiliario sugieren una serie diferentes regulaciones que actualmente se aplican en otros países. Aplicar un impuesto a la vivienda vacía generaría incentivo para ofertarlas lo que reduciría el precio de mercado. Además permitiría financiar otras políticas habitacionales como subsidios a los alquileres.

La creación de entes públicos de vivienda pueden aplicar un abanico de medidas, desde alquilar viviendas municipales y acordar precios testigo con los oferentes privados, hasta disponer de aquellos inmuebles que no cumplen una función social.

Otra solución es establecer porcentajes de vivienda social que deban incluir los grandes emprendimientos privados llevados a cabo por empresas desarrolladoras y urbanizadoras.