UN PAÍS EN LLAMAS, ¿ES POSIBLE REDUCIR LOS INCENDIOS FORESTALES?

Hace seis meses, en febrero de 2022 aproximadamente un millón de hectáreas eran arrasadas por incendios fuera de control en la provincia de Corrientes. Nunca se puede saber cual es el resultado de estos crímenes ambientales, ¿Cuántas hectáreas, cuantos miles de kilómetros cuadrados se incineraron? ¿Cuántos millones de animales silvestres, domésticos, nativos, flora y fauna se consumió y murió bajo las llamas?
¿Cuántos bomberos, socorristas, chacareros, trabajadores, murieron, fueron afectados o perdieron casas, campos y propiedad privada?

Y en tan solo seis meses el ecocidio resurge más al sur con cientos de focos en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, incluyendo entre otras las localidades de: Zárate, Baradero, Campana, San Fernando, Otamendi, Gualeguay, Ybicuy, Falso Alsina, La Cuadra y Victoria, al tiempo que también avanzan grandes frentes en las provincias de San Luis, Catamarca y Córdoba. La Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la  Universidad Nacional de Rosario (UNR) advirtió que la quema de humedales en el Delta del Paraná genera “graves consecuencias para la salud de la población que incluyen afectación de los ojos, irritación faríngea, rinorrea y dolor de pecho, característicos de la intoxicación por humo con partículas provenientes de las quemas. A largo plazo y dada la recurrencia de estos incendios intencionales, las enfermedades pueden ser más graves dado que se establecen claras señales de su vinculación con enfermedades metabólicas cómo la diabetes mellitus y el cáncer. [...]

El presente informe es un aporte de política impositiva especifica para ayudar a plantear una pequeña solución, en un marco mucho más amplio que involucra el manejo del fuego, el uso sustentable del territorio y la preservación de los humedales de la Argentina. La Ley de Humedales que está detenida en el Congreso de la Nación hace más de una década es un marco indispensable y urgente, pero por sí mismo tampoco alcanza. Las leyes ambientales de presupuestos mínimos tienen largos periodos de incubación, y aun una vez aprobados en ambas cámaras, deben seguir caminos de años para poder ser reglamentados, incorporados a normativa local y fiscalizados como corresponde, para poder tener resultados que reviertan los daños ecológicos y sociales acumulativos sobre el territorio. [...]

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