INSEGURIDAD Y SISTEMA PENITENCIARIO: PROBLEMAS POLÍTICOS
Afirmar que la inseguridad es un problema social importante es una obviedad. Pero pensar en mecanismos institucionales para regular y prevenir las consecuencias violentas del conflicto social implica posicionamientos políticos, ineludiblemente.
Los sectores con posiciones políticas conservadoras postulan un paradigma de acción institucional muy definido: el punitivismo, que consiste en la prevención del delito por medio de la saturación policial, tanto con objetivos disuasivos como represivos, en coordinación con un
sistema legal y judicial tendiente al refuerzo del castigo penal y a una estructura carcelaria que por medio de la dupla conceptual castigo/tratamiento “readapte” a los internos, para que puedan vivir en libertad en mejores condiciones de convivencia social. Este paradigma implica el fortalecimiento de las fuerzas policiales y penitenciarias en sus formas de autogobierno y en sus prácticas represivas vulneradoras de derechos.
Desde la mirada opuesta al punitivismo, se asume que la inseguridad está relacionada con el empeoramiento de las condiciones sociales y la extensión del desempleo. Pero poco se ha avanzado para comprender cabalmente esa relación compleja entre (la falta de) inclusión laboral y el desarrollo de prácticas ligadas al crimen. Parecería que sigue operando como preconcepto que la mera reducción del índice de desempleo debería implicar automáticamente un descenso de la inseguridad, postulado que hasta el momento no se ha podido establecer como relación causal directa. Si bien es claro que hay una relación entre desempleo y violencia social, esta relación opera como tendencia, atravesada por mediaciones culturales, institucionales, territoriales y psicológicas. Esclarecer más adecuadamente esta relación y las mediaciones de sus múltiples dimensiones es una tarea pendiente, que es necesario realizar para proponer políticas públicas eficaces, capaces de superar el paradigma punitivo. [...]
Destacados prensa
* La población prisionera en la Provincia de Buenos Aires crece a un promedio anual de 4.000 personas. Esto implica sobrepoblación constante y crecientes requerimientos de recursos presupuestarios.
* Alrededor del 50% de las personas que egresan de prisión vuelven a delinquir y a quedar detenidas, realimentando el hacinamiento.
* La aparición de organizaciones cooperativas compuestas por liberados, que emplean a personas que pasan por las cárceles. Son empresas sociales, portadoras de un enorme potencial sociopolítico - económico. Además de disminuir el delito generan entramados productivos en los que la innovación social, el trabajo y la contención se evidencian cotidianamente. Para quienes trabajan en ellas la repetición del delito es menor al 10%.
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