PLAN PRIMAVERA ELECTORAL

El gobierno anunció una serie de medidas para tratar de sacar la economía de la depreflación (depresión productiva con inflación en ascenso) y generar una primavera económica electoral. El carácter electoral del programa no es escondido por el oficialismo, ya que la duración de las medidas anunciadas es de 6 a 8 meses. El dramático deterioro productivo y social que muestran todos los indicadores y la yapa de una inflación de 4,7% en marzo, parecen haber convencido al oficialismo y su tutor externo (el FMI) que, sin una tregua electoral, sus chances políticas se desvanecían.

El plan primavera electoral tiene 2 grandes ejes. Por un lado, intentar moderar la inflación y, por el otro, impulsar la actividad. Para reducir la inflación se anunció un acuerdo de precios con supermercados y frigoríficos, más un congelamiento de tarifas luego de los aumentos ya pactados. El acuerdo con los frigoríficos es irrelevante, ya que la venta de 120.000 kilos de carne por día es insignificante frente a un consumo interno diario cercano a los 7 millones de kilos en carne vacuna (que supera los 10 millones al considerar otras carnes).

En el caso de los supermercados, el acuerdo de precios tiene bajas chances de éxito. El anuncio fue precedido de fuertes incrementos en los precios de los productos seleccionados, algunos de los cuáles ya estaban ausentes en las góndolas antes de iniciarse el acuerdo (ver apartado Mal arranque del plan “precios congelados”). De esta manera, el “pacto entre caballeros” muestra fisuras en materia de estabilidad de precios y abastecimiento desde el arranque, dejando dudas sobre su cumplimiento, especialmente si la inflación y el dólar continúan su marcha ascendente.

El congelamiento de las tarifas es más efectivo, al menos en los distritos donde la distribución es regulada por el Estado nacional. En este caso, las dudas son sobre su costo fiscal y sobre la presión que genere respecto a la meta de déficit cero acordada con el fondo (una preocupación que parece haber quedado para después de octubre).

La otra pata del plan primavera electoral es la reedición de la política de populismo financiero que les resultara exitosa en la previa de las elecciones de 2017. La misma se instrumentará utilizando los dólares del FMI para mantener el dólar planchado, mientras se reactiva el consumo a partir de créditos otorgados por la ANSES.

Por el lado de la reactivación del consumo, se anunció una amplia política de créditos con los recursos financieros del Fondo de Garantía y de Sustentabilidad (“la plata de los jubilados”, tal como la denominaba el presidente cuando era opositor y se oponía a tales medidas). Más allá de las consideraciones morales sobre endeudar a los beneficiarios de la AUH, jubilados y pensionados, comprometiendo hasta un 30% de sus ingresos futuros, las medidas anunciadas pueden generar cierta alza del consumo en la previa electoral. Los bondadosos montos de hasta $200.000 para jubilados y $12.000 por asignación por hijo, podrían implicar créditos por un total de $100.000 M. De esa manera, se impulsaría hasta un 5% del consumo privado trimestral del país en los meses previos a las elecciones. Los créditos Pro.Cre.Ar., por la demora temporal que tienen desde el anuncio hasta el ladrillo, no van a impactar en la actividad de la construcción antes de octubre.

Más relevante que todos esos anuncios para el éxito del plan primavera electoral, es el congelamiento de la banda cambiaria, ya que una suba importante del dólar pondría fuera de madre todo el programa. El congelamiento de la banda implica que si el dólar toca los $51,45, el banco central podría sumar una oferta de USD 150 M a los USD 60 M que está autoriza el gobierno a licitar diariamente. Los USD 210 M pueden ser insuficientes para un mercado cambiario que suele mover USD 500-600 M por día y hasta más de USD 1.000 en momentos de bruscas corridas.

Sin embargo, el gobierno tiene una carta bajo la manga para gambetear las restricciones impuestas por el FMI al uso de sus dólares. La ANSES y los bancos públicos son acreedores de unos USD3.800M de los bonos en dólares que vencen en los próximos meses, que podrían volcar al mercado en forma discrecional para lograr la estabilidad cambiaria hasta las elecciones (ver apartado La batalla por los dólares hasta octubre).

Aun así, la política cambiaria continúa siendo el talón de Aquiles del programa, ya que si el dólar se fuera cerca de los $50 y asumiendo un escenario optimista donde lo puedan parar, esa devaluación del 20% haría crujir el acuerdo de precios, implicaría un costo fiscal muy grande para mantener el congelamiento de las tarifas (poniendo en riesgo la meta fiscal pactada con el FMI), y generaría un deterioro del consumo y la inversión que anularía el efecto expansivo de los créditos de la ANSES. [...]

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