2018: LA DISYUNTIVA ENTRE AJUSTAR Y CRECER
El impulso al crecimiento del pasado año electoral afronta la prueba de un año par que, de 2012 en adelante, se caracterizan por caídas en el nivel de actividad económica con aceleración de la inflación. El freno a la obra pública con su impacto multiplicador negativo y la suba del dólar (o las restricciones a su acceso bajo la gestión anterior) eran las formas de frenar la actividad económica. Las devaluaciones, acompañadas de subas en las tarifas de los servicios públicos, aceleraban la inflación redistribuyendo ingresos desde la población hacia las empresas exportadoras y de servicios públicos, con su consecuente impacto negativo en el consumo. De esa manera, se reducían las importaciones de bienes finales, insumos y maquinarias, mermaba el turismo en el exterior y la capacidad de ahorro interno (que en gran medida se dolariza) acomodando los gastos de divisas a la restricción externa que limitaba su expansión productiva.
La política de endeudamiento externo iniciado por la gestión Macri tras el pago a los fondos buitres aleja temporalmente la restricción externa y abre la posibilidad de un año par con expansión de la actividad. Sin embargo, las recomendaciones de organismos internacionales y calificadoras de reducción del déficit fiscal en simultáneo con la política oficial de reducción de las cargas sociales e impositivas sobre las empresas, promueven políticas de ajuste en el gasto público (corriente y en obras) con su consecuente impacto contractivo sobre la actividad económica. En la misma línea se inscriben los intentos oficiales de bajar el costo laboral que, del otro lado del mostrador es el ingreso de los trabajadores y una de las principales fuentes de sostenimiento del mercado interno. La reforma laboral y la política de metas de paritarias (denominadas oficialmente como de inflación) amenazan la recuperación salarial y pueden pinchar el consumo, que sigue siendo el principal impulsor de la actividad.
A ello hay que sumarle el efecto de la política de reducción de tasas y suba del dólar que amagó en asomar tras el anuncio de un cambio en las metas de inflación de hace unas semanas. Si se consolida una baja de tasas y el banco central mantiene su política de no intervención, es probable que parte de las inversiones financiera de corto plazo en pesos se pasen a dólares (mucho más al proyectarse incrementos en las tasas de la Reserva Federal de los EEUU) con su consiguiente impulso a la cotización del billete verde. Los efectos inflacionarios y redistributivos de la devaluación merman el consumo interno y la actividad, y frustrarían la esperanza de una parte del equipo económico de estimular el crecimiento vía menores tasas de interés. Cabe aclarar que una intervención del central en el mercado cambiario (con algún costo en pérdida de reservas) permitiría reducir las tasas sin grandes cambios en la cotización del dólar. A ello se opone no sólo la rigidez ortodoxa de Sturzenegger sino también las esperanzas en que un dólar alto estimule las exportaciones traccionando la actividad de una parte del equipo económico. Una esperanza con escaso fundamento dada nuestra estructura productiva y el contexto internacional.
Si, como esperamos muchos analistas, la política de ajuste fiscal termina por moderarse, la resistencia sindical permite sostener el poder adquisitivo de los salarios y la baja de tasas con suba del dólar no avanza demasiado, es probable que la economía termine un año par con un leve crecimiento, ayudado si continúa la recuperación de la actividad en Brasil y por el impacto en la construcción y en el consumo de la expansión de los créditos indexados. En números, la proyección para 2018 es un crecimiento entre el 0,5 y 1,5% con una inflación de entre 18 y 22%, según los escenarios de devaluación y paritarias.
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