El derecho a la seguridad es un derecho humano, tan importante como el derecho al trabajo y a una vida digna para todos los integrantes de la sociedad, inclusive aquellos que se encuentran detenidos. En Argentina, quienes fueron penados por la ley y pierden nada menos que su libertad ambulatoria, también pierden muchos otros derechos que deberían conservar, como el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la educación y a la intimidad, entre otros. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)1 es la institución carcelaria más grande del país.. Sus cárceles están pobladas principalmente por varones jóvenes y pobres. El promedio de edad ronda los 26 años (el 68% entre los 18 y 34 años). El nivel educativo de los detenidos es bajísimo: el 80% de los internos no ha recibido instrucción educativa primaria, tiene primaria incompleta o sólo han finalizado ese nivel sin continuar estudiando, dato que establece una correlación inversa entre población carcelaria y nivel educativo.

Frente a esta situación este artículo reflexiona sobre ¿Qué se debería hacer desde el progresismo para disminuir la inseguridad respetando los derechos de aquellos que han delinquido? ¿Qué formas institucionales emplear para no re-criminalizar a quienes han cumplido con su condena? Esta reflexión se complementa con el análisis de experiencias de cooperativas formadas por personas egresadas de la detención penal como son: Kbrones y Hombres y mujeres libres; y emprendimientos productivos familiares como Collares Luk.